La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado perpetrado contra directivos de la cárcel de Neiva y en el que resultó muerto un menor de edad, hijo del director del centro de reclusión, Edgar Rodríguez Muñoz, quien se encontraba en el vehículo que fue impactado con al menos seis disparos.

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El Ministerio Público señaló que este hecho, en el que también resultó herido el subdirector de la penitenciaría, Cr. (R) Renato Solano Osorio, no puede ser entendido como un caso aislado.

Indicó que este atentado se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del Inpec en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tulúa, Armenia y Cartagena.

“La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección. Reiteramos, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec y de todo el personal penitenciario”, afirmó la Defensoría.

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Sostuvo que no existen respuestas estructurales suficientes que garanticen la vida e integridad de los funcionarios, ni de sus familias.

“Desde octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia y del Derecho evaluar integralmente las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la coordinación interinstitucional en los traslados, revisar perfiles de riesgo, diseñar una ruta integral de protección a la vida, y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos”, anotó.  

Hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Por otra parte, pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias.

“El Gobierno nacional y las entidades competentes deben fortalecer de forma integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión. De igual manera, priorizar el diseño e implementación de una política robusta de protección a la vida e integridad del personal del cuerpo de custodia y vigilancia y del personal administrativo del Inpec”, apuntó la Defensoría.